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Dos expertos en seguridad informática explican qué son y cómo se llevan a cabo las estrategias colectivas para impedir el normal acceso a cualquier sitio web.

Hace unos días, la Policía aseguró haber detenido a la cúpula de Anonymous en España. Pocas horas después, la web del cuerpo era inaccesible. Estaba sufriendo un ataque DDos (Denegación de Servicio Distribuido) como represalia a las detenciones. Éste es sólo el último episodio de una lista cada vez más larga de sitios inutilizados temporalmente a causa de una estrategia que los expertos en seguridad informática Lorenzo Martínez (Security by default) y José María Alonso (Informática 64) nos ayudan a explicar.

Un ataque de este tipo se basa en “hacer peticiones simultáneas y lícitas contra un recurso de una organización desde múltiples localizaciones, a fin de intentar agotar los recursos existentes de lado servidor”, nos cuenta Martínez. Por eso, las consecuencias de esta operación son tan importantes como lo sea el número de personas o máquinas implicadas en ella. Sólo puede detenerse parando uno a uno los ataques de los participantes, según Alonso, y “son las operadoras las que tienen las herramientas para hacerlo”.

> Anonymous: a favor de Wikileaks y contra la Ley Sinde

Ambos expertos coinciden en que es muy difícil sostener cualquier web ante un ataque lo suficientemente fuerte. Hace algunos meses Twitter ya sufrió un episodio de este tipo que dejó a la plataforma varias horas sin servicio. Pero ha sido el surgimiento del movimiento Anonymous, y su papel activo a favor de Wikileaks o contra partidos e instituciones que defienden la llamada Ley Sinde, el que ha puesto de relieve lo que un conjunto amplio de usuarios puede conseguir de forma coordinada.

De hecho, una de las claves del “éxito” de ese colectivo ha sido la utilización de una herramienta ya dispuesta para cuyo uso no hacía falta mayores conocimientos técnicos. Es la versión más sencilla de esta estrategia y también la voluntaria. En otros casos, el sistema es más complejo e implica a ordenadores cuyo usuario no sabe que está formando parte de un ataque de este tipo, a través de lo que se denomina “botnets” (programas que “infectan” una máquina y que permiten su control remoto por parte de otra).

> Ataques anunciados

En este contexto, el uso de las redes sociales ha sido esencial para coordinar esta clase de estrategias. Sin ir más lejos, Anonymous informó a través de ellas que iba a realizar un ataque a cada una de las webs de los partidos políticos que apoyan la Ley Sinde, en un día y una hora concreta. Cuando se produjo, otras personas que no formaban parte del ataque intentaron entrar para ver si realmente las páginas estaban caídas, e involuntariamente aportaron su granito de arena en él.

En una circunstancia así, sólo el uso de servicios como Akamai (que tienen copias estáticas de la web distribuidas por muchas máquinas) puede dejar la web accesible, tal y como cuenta Martínez. Así lo hizo el PSOE, que en el ataque referido anteriormente consiguió mantener visible su página, aunque ésta estuviera inactiva. Lo que los internautas podían ver en ese momento era una mera copia.

Lo que queda por ver es si estas estrategias acabarán convirtiéndose en un nuevo activismo contra las medidas que intentan establecer alguna clase de control sobre internet. Lorenzo Martínez cree que “se encontrarán otros mecanismos de ataque” en caso de que se invente una solución técnica y fiable frente a estas acciones. Por su parte, José María Alonso piensa que “la persecución mundial a Wikileaks y la aplicación de la Ley Sinde les va a ir en su contra”.

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La conocida como Ley Sinde, que permitirá por orden judicial el cierre de páginas web de descarga de contenidos ilegales, entra en vigor , tras la publicación hoy en el BOE de la Ley de Economía Sostenible, de la cual forma parte como una de sus disposiciones finales.

Ahora, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Cultura iniciará el desarrollo normativo de la ley antidescargas, que incluye el reglamento y la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de examinar las denuncias.

La ley Sinde, que permitirá por orden judicial el cierre de páginas web de descarga de contenidos ilegales, podría ponerse en marcha de forma operativa este verano, según adelantó la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, el pasado mes de febrero.

Fue el 15 de febrero cuando el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba esta disposición final de la Ley de Economía Sostenible, conocida como Ley Sinde, con 323 votos a favor de PSOE, PP y CIU, 19 en contra de PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC, y una abstención.

La ley era así respaldada por el 92 por ciento de la Cámara Baja, que anteriormente la había rechazado -21 de diciembre- en la Comisión de Economía, pero que consiguió ser rescatada en el trámite del Senado gracias a una enmienda pactada entre el Gobierno, PP y CiU que reforzaba, respecto al texto original, las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.

La Ley Sinde comenzó su andadura en noviembre de 2009, cuando el Gobierno presentó el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en la que se preveía una norma antidescargas y la creación de una comisión de propiedad intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que decidirá sobre el cierre de páginas web sin orden judicial.

Desde ese momento y hasta ahora, las movilizaciones en internet y en las calles en contra de la Ley Sinde han sido masivas, incluso cerca de 2.000 usuarios de Facebook respaldaron un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en la red y en contra de las modificaciones que proponía la Ley.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aunque se ha reunido en varias ocasiones con los colectivos de internautas para explicarles las medidas del Gobierno para proteger la propiedad intelectual en internet, no ha conseguido convencerles, ni siquiera cuando el 22 de diciembre de 2010 aseguraba: “ningún ciudadano será desconectado de la red sin la intervención de un juez”.

Incluso el presidente de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, antes de que la ley fuera aprobada en el Congreso de los Diputados, se reunió con los diversos sectores implicados para llegar a un consenso. El 25 de enero anunciaba su dimisión por no estar de acuerdo con el pacto alcanzado entre los partidos políticos.

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El filósofo finlandés Pekka Himanen, autor del libro ‘La ética hacker’, considera que “es imposible controlar Internet”, por lo que las medidas que buscan el cierre de páginas web para que los usuarios no accedan a contenido protegido, como la ‘ley Sinde‘ no tienen sentido, ya que hay muchas maneras de saltarse los controles“El control no es la solución”, explica Himanen, que participó en el ciclo ‘Entendiendo los cambios. Ideas, libros y autores’ en la Fundación Telefónica.

En este sentido, Himanen dice que, “si fuera el Gobierno de España, me preocuparía más cómo incrementar el acceso de todo el mundo a Internet“.

Este invento, recuerda, es algo que debemos a unos ‘hackers’. “Cuando hablo de los ‘hackers’ no me refiero a los criminales de Internet“, explica, sino “al espíritu creativo que ha creado toda la infraestructura de la era de la información”.

Esta infraestructua fue posible gracias a gente como Vinton Cerf o Tim Berners-Lee, gente “motivada por su entusiasmo” y que quería “compartir sus logros con los demás”. Sin ellos, no existiría Internet, que no era un proyecto comercial, recuerda Himanen.

Este tipo de sistemas abiertos, como Linux, hacen funcionar una tercera parte de la Red. “En las telecomunicaciones hay muchos sistemas que son abiertos”. Un ejemplo de esto es Android, el sistema operativo para dispositivos móviles de Google, que está basados en Linux. “Aunque no seas consciente, toda tu vida diaria depende de los ‘hackers'”.

Es más, Himanen asegura que si nos deshiciéramos de todo lo que ha sido creado por ‘hackers’, como sistemas operativos para móviles o libros electrónicos, pero también el ‘software que utilizan, por ejemplo, algunos televisores o gasolineras, “volveríamos a los años 70”. “Normalmente se considera que el ‘hacker’ es un criminal electrónico, pero, al principio, se pensaba en una nueva cultura de creatividad“, explica. Es más, ahora, “incluso la gente en general se ha vuelto ‘hacker’. La ética ‘hacker’ es una cultura de creatividad”.

Un ejemplo de esto, explica, es que entre los sitios web más visitados en el mundo, aparecen varios sitios con contenido creado por los usuarios, como Wikipedia, Facebook o Youtube. “La gente ha logrado expresar su potencial creativo y nuevas maneras de trabajar en las redes sociales”.

Por ello, cree que desarrollos como Internet deberían llegar a todo el mundo. En este sentido, está de acuerdo con la afirmación de Berners-Lee de que todas las personas deberían tener acceso gratuito a Internet por defecto. “Internet se ha convertido en una plataforma central en nuestra vida. Lo necesitamos para el trabajo, para nuestras comunicaciones personales, o muchas otras cosas de la vida diaria”.

De hecho, Himanen llega a asegurar que si alguien no tiene acceso a Internet, “no forma parte de la sociedad moderna”. Por ello, el derecho a tener acceso a Internet “debería ser uno de los Derechos Universales”. No obstante, “aún queda mucho por hacer en muchos países y en el mundo entero”.

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